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Usted está aquí: Inicio / El Ayuntamiento de Arroyomolinos archivará de oficio las sanciones impuestas durante el estado de alarma
Fecha de publicación 10/02/2022 15:01
Después de que el TC lo declarase inconstitucional. Evitando a los vecinos recursos administrativos y trámites burocráticos innecesarios. Se verán afectadas un total de 1.368 multas.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos archivará de oficio las sanciones impuestas durante el estado de alarma

El Ayuntamiento de Arroyomolinos actuará de oficio sobre las sanciones impuestas durante el estado de alarma, suspendiendo aquellos expedientes sancionadores en trámite por incumplimientos durante ese periodo. Asimismo, se iniciará también de oficio la devolución del importe de las multas que ya han sido cobradas por el Consistorio.

Una medida que se lleva a cabo después de que el TC (Tribunal Constitucional) declarase inconstitucional el estado de alarma que declaró el Gobierno de España ante la crisis ocasionada por el COVID-19 y que limitaba, entre otros derechos, el desplazamiento de personas y vehículos.

De este modo, quedarán sin efecto las sanciones interpuestas que se ven afectadas por la sentencia (STC 148/2021 De 14 de Julio de 2021) de declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, iniciado por Real Decreto 463/2020 en marzo de 2020. Se trata, en concreto, de 1.368 multas.

Según ha explicado la alcaldesa, Ana Millán, “con esta medida, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento queremos evitar que los vecinos afectados tengan que iniciar recursos administrativos y trámites burocráticos innecesarios”.

“Daremos prioridad a los expedientes sancionadores que ya habían sido abonados por los vecinos dado que son los más perjudicados. Eso sí, pedimos un poco de paciencia porque el volumen de expedientes nos obliga a emplear más recursos materiales y humanos de los habituales, y esto se traduce también en más tiempo”, ha afirmado Millán, quien ha añadido que “los arroyomolinenses pueden estar tranquilos porque este Consistorio va a actuar ante las restricciones inconstitucionales del Gobierno central para restablecerles sus derechos”.

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